Empieza la batalla para Claudia Paz y Paz

Su experiencia en la investigación en el ramo penal, docencia, manejo de fondos, trabajo en equipo y una ardua labor en beneficio de los derechos humanos, le sirvió para llegar a ocupar la Fiscalía General del Ministerio Público, siendo la primera mujer en obtener ese puesto. Claudia Paz y Paz Bailey ha sido muy bien vista por diversas organizaciones sociales y de derechos humanos por su perseverancia, honestidad y trayectoria profesional.

La jefa del Ministerio Público está convencida de que la docencia es parte de su vocación, sin embargo su nuevo cargo le impide continuar con esa misión, aunque está satisfecha de haber dejado una buena enseñanza. De hecho, muchos de sus alumnos ahora son jueces, fiscales y defensores. “Es un reto inmenso… lo estoy asumiendo con total responsabilidad, sabiendo que es una oportunidad que no me puedo dar el lujo de perder. En mi vida no había planes de ser Fiscal General. Me encantaba lo que hacía, la docencia, la investigación, el litigio estratégico, pero cuando presenté mi papelería tenía la plena conciencia de que podía ser electa, y así lo estaba asumiendo, con toda la responsabilidad que implicaba el nombramiento”, afirma la funcionaria.

Asumir el reto de estar al mando de un sistema tan complejo como el Ministerio Público no será fácil para Claudia Paz y Paz, principalmente por las debilidades actuales en la investigación de casos, la deficiente aplicación de justicia, la corrupción, el narcotráfico, la violencia y la impunidad, temas de gran impacto en Guatemala. Su reto, por lo tanto, será mayor al tener que ingeniárselas para lograr sus objetivos con 200 millones de quetzales menos en el presupuesto asignado para este año.

Claudia Paz y Paz asumió el cargo el 10 de diciembre de 2010. Habla de su plan de trabajo, que desde ya está cobrando frutos con la captura de Juan Ortiz López, alias “Chamalé”, buscado por la justicia y reclamado por una corte distrital de Florida (Estados Unidos) por el delito de cooperación para el tránsito internacional de drogas, logro muy bien visto por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Cicig. Como profesional acostumbrada a tomar decisiones contundentes, como lo hizo al estar frente al Instituto de Estudios Comparados y Ciencias Penales (INCEP), ha concentrado su energía en un plan estratégico para cuatro años.

Su primera tarea fue ordenar la institución y asegurarse de contar con un equipo comprometido con sus ideales, encontrando en ella fiscales, hombres y mujeres, involucrados con su trabajo, arriesgando su vida para que los casos salieran adelante. Pero también comprobó la existencia de funcionarios carentes de compromiso, sin efectividad alguna en la resolución de las tareas asignadas.

A partir del momento en que asumió el puesto, estableció tres prioridades en su plan de trabajo. La primera es la persecución delictiva. Guatemala llegó a tener más de seis mil asesinatos al año y un país con estado de Derecho y un sistema democrático no puede permitirse este nivel de violencia homicida. La prioridad para la Fiscal, por lo tanto, es lograr el esclarecimiento de estos casos de delitos contra la vida y, por ello, está reorganizando la entidad, aunque ello implique más trabajo y tensión; el equipo de trabajo está compenetrado con el proceso y en marzo se empezó con el nuevo modelo de gestión. La segunda prioridad es encarar la violencia contra la mujer, “no solo por la magnitud, sino por la situación de exclusión que provoca hacia quienes somos la mitad de la población. Hay más de 40,000 denuncias de casos de violencia contra la mujer y deben ser adecuadamente atendidas”, asegura. Y la tercera prioridad es el combate contra el crimen organizado, en todas sus manifestaciones: narcotráfico, lavado de activos, secuestros y extorsiones. “Porque estas organizaciones generan mucho de la violencia anterior: delitos contra la vida y violencia contra la mujer” añade.

La Fiscal tiene claro que la manera como logrará su objetivo es cambiando la táctica de investigación, caso por caso, a una persecución penal estratégica; así como la nueva visión que debe asumir la gestión de las fiscalías y la especialización de equipos: investigación, encargados de litigio, quienes pueden atender una solución temprana y grupos encargados de analizar las conexiones con otros casos.

Al reflexionar sobre la violencia contra la mujer, la funcionaria hizo ver que “debemos entender que no es una violencia inútil, se ejerce con propósitos de control y dominación de una persona sobre otra. Los niveles de violencia dependen de la fuerza que la persona aplique para doblegar a otra, y se puede dar hasta la violencia femicida y el ensañamiento: aumentar el sufrimiento deliberadamente antes de ocasionar la muerte, por el efecto simbólico que esto tiene. En algunos casos, el hombre intenta someter a su pareja y por eso ejerce la violencia. En otros casos la intención es someter y atemorizar a las mujeres en general para que acepten la exclusión y se sometan a ella”, dice Paz y Paz.

La Fiscal General también mostró su preocupación por la violencia sexual: “Es un problema grave, está entre las prioridades de persecución penal, y así como se comenzó con la implementación del modelo de gestión de la vida, vamos a seguir el modelo de gestión en la Fiscalía de delitos contra las mujeres. La primera parte del proceso es hacer un inventario de los casos, lo cual ya se está realizando”, indica.

Mejorar la atención y servicios a las víctimas, y la protección a testigos y fiscales es otra de las prioridades. Aunque ya hay algunos avances, como el hecho de que la Fiscalía de la Mujer cuente con un sistema de atención integral con trabajadoras sociales, psicólogas, médicos forenses y clínicos, fiscal y juez, solo funciona en la Ciudad de Guatemala. El plan es extender el proyecto al resto del país, empezando por Villanueva, Coatepeque, Quetzaltenango y Chiquimula, lugares donde están ubicados los tribunales de femicidio y donde se reportan los índices más altos de violencia contra la mujer.

Por motivos de seguridad, la doctora Claudia Paz y Paz no respondió a preguntas de índole personal (lo que revista Amiga comprende y respeta) motivo por el cual esta entrevista se centró en el papel que juega esta notable profesional en uno de los temas de mayor impacto en el país, como es la lucha contra el crimen y la violencia.

• Abogada y notaria, egresada de la Universidad Rafael Landívar.
• Doctorado en Derechos Humanos, Derecho Penal, en Salamanca, España, con el apoyo de la Cooperación Española.
• Profesora de posgrado en Derecho Penal en la Universidad de San Carlos.
• Coordinadora de maestría en Derecho Procesal Penal en la Universidad Rafael Landívar.
• Socia-fundadora del Instituto de Estudios Comparados y Ciencias Penales.


Por Margarita Pacay
Fotos: Julieta Ordóñez