El clima y las mujeres

Con 118 millones de habitantes, México está expuesto a la variabilidad del clima y ya padece manifestaciones como tormentas devastadoras más frecuentes, sequías intensas, elevación del nivel del mar y pérdida de diversidad biológica.  La pobreza afecta a la mitad de la población, en especial a las mujeres, sobre todo en zonas rurales. 

Por Emilio Godoy/IPS     Adaptado por Ingrid Reyes  

Leticia Gutiérrez, asesora de políticas de la no gubernamental Alianza México REDD+, comenta que un estudio reciente analiza las principales leyes y políticas de ese país, así como el gasto público destinado a la igualdad entre hombres y mujeres en relación con el mecanismo REDD+ Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques.

El documento, elaborado por la Oficina Global de Género de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, concluye que si bien existe un marco jurídico y programático que obliga a sumar la perspectiva de género, “aún se observa una insuficiente transversalidad de estos enfoques en las políticas forestales, agrarias, ambientales y climáticas”.

Un ejemplo de ello se vive en las comunidades de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, al sur de la Ciudad de México.  Ahí se preservan tres mil de sus casi siete mil hectáreas de bosques, a cambio de pagos por servicios ambientales.  Pero en ellas se reproduce una inequidad que es muy poco ecológica.

Casi 500 hombres y una centena de mujeres poseen predios de media u ocho hectáreas, y se organizan en el Comisariado de Bienes Comunales.  Su trabajo consiste en preservar el bosque y cuidar el agua, por lo cual reciben de los gobiernos federal y capitalino beneficios como árboles, semillas, invernaderos y otros insumos.

Desde 2012, este grupo de comuneros, campesinos que trabajan tierras comunales, participa del programa de pagos por servicios ambientales financiado por la Comisión Nacional Forestal, Conafor, y la constructora privada Ingenieros Civiles Asociados, ICA, que aportan 123 dólares anuales por hectárea para limpiar el bosque, construir barreras vivas y sembrar árboles.

Pero las mujeres solo participan en actividades de reforestación y recolección de basura.  “El problema es que los trabajos para las mujeres son muy limitados”, dijo Alma Reyes, comunera de 42 años y madre de dos niñas y un niño.  Reyes venció décadas de exclusión en 2010, cuando se postuló y fue elegida secretaria del Comisariado, uno de los tres cargos más importantes de la organización.  Pero en agosto de 2013 terminó su gestión, y Reyes duda de que esa experiencia se repita con otra mujer.

Las mujeres “no tienen injerencia en lo que se hace, en el reparto de beneficios ni en la toma de decisiones”, cuestionó Reyes.  En 2013 se aprobaron pagos similares para 52 mil hectáreas en todo el país.  Y para un período de cinco años.

A primera vista, estos proyectos rinden: la mayoría de los niños van a la escuela, comen tres veces al día y la gente no abandona las comunidades.  Pero faltan indicadores para medir la mejora de las condiciones de vida tanto de los hombres como de las mujeres.  El caso de las comuneras del Ajusco ilustra cómo el rol de las mujeres no es relevante a pesar del  marco legal mexicano.

La Ley General de Cambio Climático, vigente desde 2012, carece casi de referencias a la participación femenina.  La única mención, en el artículo 71, sostiene que los planes estatales se elaborarán “procurando siempre la equidad de género y la representación de las poblaciones más vulnerables”.